Tonty Senador

Cuando en el mes de mayo de este año el senador de la provincia de Santo Domingo, el empresario Antonio Taveras se distanció definitivamente, presentando renuncia,  del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el cual lo sustentó  para que ganara esa senaduría en dos ocasiones, allanó el camino para que un auténtico perremeísta ocupe esta posición a partir del 2028.

Siendo así, manifiesto aquí que el PRM cuenta con la mejor ficha que partido alguno pueda jugar para esta posición en la provincia de Santo Domingo para las elecciones congresuales del 2028: El ingeniero Tonty Rutinel Domínguez.  Sí señoras y señores, el primer senador que tuvo esta demarcación geográfica, su senador histórico, fue el principal promotor de su creación. Más luego somete las iniciativas legislativas y trabaja resueltamente para la creación de los municipios Pedro Brand y Los Alcarrizos con sus distritos municipales La Guáyiga, La Cuaba, Palmarerjo Villa Linda y Pantoja entre otras jurisdicciones.

Tonty Rutinel Domínguez es de los dirigentes políticos que más cree, y actúa en consecuencia, en la institucionalidad y la descentralización como motores del avance y desarrollo de las comunidades. Ahí está su gestión legislativa de 16 años, 3 períodos como diputado uno como senador ( 1990-1994, 1994-1998,1998-2002 como diputado y 2002-2006, como senador ).

En las últimas semanas he percibido, he visto como ha venido surgiendo desde las diferentes comunidades de la provincia Santo Domingo un movimiento comunitario, social y político, de generación espontánea que está promoviendo, que está reclamando que Tonty vuelva como senador de la provincia de Santo Domingo. Con mucha fuerza que ha surgido este movimiento.

Éstos líderes y dirigentes comunitarios y políticos que están reclamando a Tonty como senador de nuevo, están actuando con mucha inteligencia y están muy claros en lo que quieren y les conviene. No es Tonty Rutinel Domínguez que debe buscar ser senador de Santo Domingo. No. Es la cúpula dirigencial del PRM y la provincia de Santo Domingo que deben buscar que Tonty sea su senador

Conozco a Tonty, sé más o menos como piensa y, sin haber hablado con él, tengo la convicción de que Tonty no está en eso, de que habrá que convencerlo para que acepte esa candidatura. Si la militancia y la dirigencia de base, media y hasta llegar a la máxima dirección del PRM, quieren garantizar ésta, la más importante plaza electoral del país, deben promover a Tonty como un candidato de consenso...

 Dr. Isaías Ramos

Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.

La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.  

Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.

La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.  

Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.  

La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.  

Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.  

La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.  

La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.  

También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.  

En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.

Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.

 Por: Roberto Monclus 

La industria turística de América Latina y el Caribe enfrenta uno de sus momentos más complejos de los últimos años debido a la combinación de la crisis petrolera internacional, la guerra en Irán y las recientes alertas sanitarias registradas en cruceros turísticos. El aumento del precio del petróleo, provocado por las tensiones en el estrecho de Ormuz, ha elevado considerablemente los costos de transporte aéreo y marítimo, afectando directamente a destinos altamente dependientes del turismo como República Dominicana, Jamaica, Bahamas y otras economías caribeñas.  

Especialistas advierten que el encarecimiento del combustible amenaza la competitividad de la región en plena temporada turística. El precio del queroseno utilizado por las aerolíneas y del fueloil empleado por los cruceros continúa aumentando, obligando a las empresas a reducir rutas, ajustar itinerarios y elevar tarifas. Diversos análisis indican que el sector turístico mundial ya experimenta pérdidas millonarias por la caída de reservas y la incertidumbre internacional.  

En el Caribe, donde el turismo representa una parte esencial del Producto Interno Bruto de varios países, las presiones económicas comienzan a sentirse también en hoteles, restaurantes y operadores turísticos. El incremento de los costos energéticos impacta la generación eléctrica, el transporte terrestre y los servicios básicos que sostienen la actividad turística. Economistas consideran que la región podría enfrentar una desaceleración en la llegada de visitantes si la guerra en Medio Oriente se prolonga y continúa la volatilidad del mercado energético internacional.  

A esta situación se suma la preocupación sanitaria generada por reportes de un nuevo virus detectado en cruceros internacionales, lo que ha provocado vigilancia epidemiológica reforzada en varios puertos turísticos. Aunque las autoridades internacionales han evitado generar alarma, el tema revive los temores vividos durante la pandemia y aumenta la cautela entre viajeros y compañías navieras. La industria de cruceros, uno de los pilares del turismo caribeño, teme cancelaciones y nuevas restricciones sanitarias si los casos aumentan durante las próximas semanas.

Frente a este panorama, organismos turísticos y gobiernos de América Latina y el Caribe impulsan estrategias conjuntas para enfrentar los desafíos del momento. Entre las medidas discutidas figuran la diversificación de mercados emisores, el fortalecimiento del turismo interno, el uso de energías alternativas y la creación de mecanismos regionales de cooperación para proteger la conectividad aérea y marítima. Analistas coinciden en que la resiliencia del sector dependerá de la estabilidad geopolítica internacional y de la capacidad de adaptación de las economías turísticas de la región. 

 

 Dr. Isaías Ramos

La República Dominicana no puede seguir financiando su vulnerabilidad energética como si fuera una política transitoria. Solo en 2025, el subsidio al sector eléctrico ascendió a RD$105,849.1 millones, una cifra superior al presupuesto conjunto de Obras Públicas, Agricultura y Vivienda. Y a esa carga estructural se añade el repunte del subsidio a los combustibles, que solo para la semana del 14 al 20 de marzo de 2026 obligó al Estado a destinar RD$1,189.8 millones adicionales.

Después de más de dos décadas de subsidios al sector eléctrico, que según distintas estimaciones han absorbido recursos equivalentes a decenas de miles de millones de dólares sin corregir las fallas estructurales del sistema, la República Dominicana sigue sosteniendo un modelo que ha probado su insostenibilidad.

Que esto ocurra, además, sin una auditoría integral e independiente desde la generación hasta la distribución, mientras el Estado continúa asumiendo nuevos subsidios extraordinarios, revela que el problema ya no es únicamente de sostenibilidad fiscal: también es de seriedad institucional.

Los subsidios no focalizados, opacos y escasamente auditables crean un terreno fértil para la discrecionalidad, la ineficiencia y el riesgo de desvío de fondos públicos. Cuando el Estado subsidia sin focalización clara, sin trazabilidad y sin evaluación verificable, termina destinando recursos de todos a esquemas que no necesariamente protegen mejor a quienes más lo necesitan. Por eso, la corrección no debe consistir en abandonar a los sectores vulnerables, sino en sustituir subsidios generalizados por apoyos directos, transparentes y auditables, preservando de manera expresa un subsidio focalizado al GLP doméstico para los hogares de menores ingresos.

Pero el problema no termina ahí. El mundo atraviesa una etapa de desorden e incertidumbre marcada por guerras, rivalidades geopolíticas y tensiones sobre rutas energéticas estratégicas. Para una economía abierta y dependiente de importaciones como la dominicana, esos choques externos no son noticias lejanas: se traducen en inflación, presión fiscal, encarecimiento del transporte y aumento del costo de vida.

Las crisis internacionales rara vez llegan sin aviso. Antes de convertirse en emergencia, suelen anunciarse durante años. En tiempos inciertos, la esperanza sin previsión no es una estrategia. La verdadera prudencia consiste en prepararse para lo peor mientras se trabaja por lo mejor. Gobernar, en tiempos difíciles, es anticipar.

Por eso, la República Dominicana necesita algo más que administración cotidiana del Estado. Necesita una doctrina nacional sobria, realista y sostenida, capaz de ordenar prioridades, reducir vulnerabilidades y garantizar continuidad estratégica más allá de los ciclos políticos. Esa doctrina debería comenzar, al menos, por tres prioridades: seguridad energética, soberanía alimentaria y fortaleza institucional.

La primera es la seguridad energética. Persistir indefinidamente en un esquema de subsidios generalizados sería una temeridad fiscal y estratégica. Un país vulnerable no puede darse el lujo de subsidiar su propia fragilidad. Un país que subsidia el consumo sin corregir las fallas estructurales del sistema no está protegiendo su futuro: está hipotecando su propia estabilidad.

La segunda es la soberanía alimentaria. Cuando sube la energía, no solo se tensionan las cuentas públicas: se encarece el transporte, aumenta el costo de producción y suben los alimentos que llegan a la mesa de las familias dominicanas. Por eso, fortalecer la producción nacional de alimentos no es únicamente una política agrícola. Es una política de estabilidad económica y seguridad nacional.

La tercera es la fortaleza institucional. La República Dominicana ha preservado una estabilidad democrática relativa, pero todavía no puede darse por sentada. Existen reglas y órganos de control en el plano formal; sin embargo, persiste con demasiada frecuencia una distancia incómoda entre la norma y su aplicación efectiva. Cuando esa brecha se amplía, la confianza se resiente, la seguridad jurídica se debilita y la estabilidad deja de ser una fortaleza para convertirse en una vulnerabilidad.

Corregir estas vulnerabilidades no debería ser materia de improvisación ni de cálculo partidario. Debería convertirse en un acuerdo mínimo de Estado sobre lo que la República Dominicana debe proteger primero en un mundo cada vez más caro, más volátil y más incierto.

La pregunta ya no es si el mundo seguirá siendo incierto, sino si la República Dominicana corregirá a tiempo sus vulnerabilidades antes de que esa incertidumbre la obligue a hacerlo bajo presión. Porque en tiempos de desorden global, los países que llegan a puerto seguro no son los que improvisan el rumbo, sino los que protegen con claridad aquello que consideran esencial.

 Por: José Antonio Santos Muñoz

Para lograr un pleno desarrollo en nuestro país, debe fortalecerse de manera sustancial la base esencial de toda sociedad: su capital humano. Esto implica dirigir el enfoque hacia la mejora de la capacidad gerencial tanto del sector público como del privado.

Esta labor trascendental debe llevarse a cabo dentro de un entorno de estabilidad política, seguridad jurídica y adecuada convivencia ciudadana, así como de respeto a la institucionalidad y a los principios democráticos. Es imprescindible promover un liderazgo dirigencial comprometido, como responsabilidad de todos, que permita instaurar una gestión eficaz capaz de impulsar el crecimiento económico y el progreso colectivo.

Para encaminarnos hacia estos objetivos, todos los sectores deben confluir y crear espacios idóneos donde converjan la inteligencia, el espíritu de cambio y la vocación de servicio en todos los niveles, colocando en primer plano los mejores intereses del pueblo dominicano.

Resulta oportuno reflexionar sobre un concepto que constituye un pilar estratégico para nuestra nación: el fortalecimiento del liderazgo directivo y gerencial, no solo como responsabilidad individual, sino como compromiso colectivo y nacional.

El liderazgo debe erigirse como motor del progreso. Aunque hemos avanzado significativamente en los últimos años, aún enfrentamos retos institucionales, sociales y económicos que requieren una dirección comprometida, sólida y visionaria.

El liderazgo directivo y gerencial se ha convertido en un recurso crítico. No se limita a dar órdenes o supervisar procesos; implica competencia, capacidad, espíritu creativo y la virtud de inspirar, motivar, orientar y dignificar. Significa gestionar equipos multidisciplinarios capaces de alcanzar resultados transformadores.

Un país prospera cuando en cada institución, empresa, escuela u organización social existen líderes éticos, solidarios, tolerantes y proactivos; líderes que reconozcan el talento y el esfuerzo de los demás; que promuevan la equidad, diseñen estrategias, impulsen capacitaciones y generen confianza; capaces de lograr objetivos con disciplina, transparencia y efectividad.

El liderazgo directivo, implementado como elemento de fortaleza institucional, es determinante para mejorar el funcionamiento de las instancias públicas. Las instituciones sólidas no nacen por casualidad: se construyen día a día desde el liderazgo humano que se proyecta en cada espacio. Un buen directivo no se limita a administrar funciones; impulsa cultura organizacional, asegura planificación continua, reduce la improvisación, promueve responsabilidad y se enfoca en el cumplimiento de metas.

En la República Dominicana necesitamos líderes que fomenten la ética pública y privada, la planificación estratégica, la innovación permanente y la transparencia en la gobernanza. Cuando las instituciones se fortalecen, el país se vuelve más competitivo, productivo, atractivo para la inversión y confiable para sus ciudadanos.

El liderazgo como responsabilidad social debe entenderse como un bien colectivo. No es un lujo, es una necesidad; un compromiso común que se construye consensuando ideas, conciliando intereses y articulando los diversos sectores que conforman nuestro tejido social. En cada comunidad necesitamos líderes capaces de identificar problemas, articular soluciones y movilizar voluntades hacia un accionar altruista.

Un liderazgo socialmente responsable contribuye directamente a reducir desigualdades y fomentar oportunidades reales de crecimiento y bienestar común. El desarrollo de la nación no depende únicamente de los altos cargos, sino del compromiso de cada dominicano con su entorno y su futuro.

El liderazgo gerencial debe asumirse como herramienta fundamental para el desarrollo económico. En la vida productiva moderna, la eficacia constituye una ventaja competitiva decisiva. Los países que hoy destacan como economías emergentes exitosas han invertido en formar líderes con pensamiento crítico y mentalidad innovadora, capaces de gestionar estructuras complejas.

Debemos fomentar líderes con visión amplia y planificación rigurosa; directivos de criterio abierto que promuevan la innovación y la creatividad; gestores capaces de administrar con ética, equidad, calidad humana y transparencia, optimizando los recursos con austeridad y comprendiendo los retos globales, promoviendo además alianzas público-privadas sostenibles.

El crecimiento económico dominicano requiere organizaciones eficientes y productivas, alineadas con los grandes objetivos nacionales. Necesitamos líderes que representen nuestros valores y comprendan que el progreso es una construcción evolutiva, persistente y conjunta.

Todo lo expresado implica que nuestra sociedad debe concretar un compromiso transversal para crear un liderazgo verdaderamente transformacional, capaz de provocar el cambio profundo que el país demanda. Su fortalecimiento no debe verse como un esfuerzo aislado, sino como un pacto moral, estratégico e institucional que atraviese todo el accionar nacional.

Desde las instituciones del Estado, los sectores empresariales, gremiales y académicos, debemos trabajar mancomunadamente para potenciar las capacidades directivas y gerenciales de nuestra gente, creando sinergias y consolidando nuestros valores sociales, humanos y culturales. En este proceso, el crecimiento educativo y formativo resulta fundamental, tema que abordaremos con mayor profundidad en un próximo escrito.

NOTA: El autor, José Santos, es abogado, comunicador, educador, redactor de discursos, asesor de campañas y de gobernanza.”

Dr. Isaías Ramos

El 27 de febrero no es una fecha para la nostalgia. Es una fecha para la conciencia. Cada generación recibe la República en custodia y decide, con sus actos, si la fortalece o la debilita.

En 1844, nuestros fundadores comprendieron que la libertad no era un discurso sino una responsabilidad. Juan Pablo Duarte sembró una idea fundada en moral y justicia; Francisco del Rosario Sánchez la sostuvo con valentía; Ramón Matías Mella la proclamó con determinación. No actuaron desde la comodidad, sino desde el deber. No esperaron condiciones ideales. Entendieron que la patria solo sobrevive cuando sus ciudadanos asumen el costo de defenderla.

Hoy no vivimos bajo ocupación militar ni bajo ruptura institucional. Pero enfrentamos riesgos más silenciosos. La normalización del privilegio, la cultura de impunidad y la sustitución de derechos por favores erosionan lentamente la confianza pública. Y cuando la confianza se erosiona, la democracia se vacía por dentro.

La corrupción no solo desvía recursos; fractura la legitimidad del Estado. La impunidad no solo retrasa justicia; envía el mensaje de que el poder no encuentra límites. Cuando no hay consecuencias, la ley pierde autoridad y el ciudadano pierde fe. Y una República sin confianza no se derrumba de inmediato: se debilita hasta que deja de defenderse.

La libertad rara vez desaparece de golpe. Se reduce cuando aceptamos como inevitable lo que es corregible. Se erosiona cuando intercambiamos participación por comodidad. Se diluye cuando el voto se convierte en transacción y no en decisión moral. Ninguna democracia se pierde en un día; se deteriora cuando la ciudadanía renuncia a su vigilancia.

Lo vemos en el joven que trabaja sin encontrar oportunidades reales de progreso. En el pensionado que teme que su retiro no le garantice dignidad. En la madre que necesita intermediación política para acceder a servicios que deberían ser derechos. No son casos aislados. Son señales de alerta institucional.

Nuestra Constitución es clara: la soberanía reside en el pueblo. Elegir y ser elegido no es un trámite; es la expresión concreta de la dignidad política. Un Estado Social y Democrático de Derecho no vive en el papel. Vive en instituciones independientes, reglas iguales para todos y consecuencias reales para el abuso. La reforma institucional no es un deseo retórico: es una tarea posible cuando existe voluntad cívica organizada. Y hoy el desafío es liberarnos del corporativismo, del clientelismo y de los privilegios, para volver plenamente al mandato constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho.

No se trata de confrontación estéril ni de discursos incendiarios. Se trata de formación, organización y responsabilidad. Se trata de garantizar mérito en la función pública, transparencia en la contratación, auditorías independientes y rendición de cuentas efectiva. Y eso empieza por lo verificable: publicación íntegra de contratos y anexos, auditorías con resultados públicos y consecuencias ejecutadas cuando haya abuso. La República no puede ser plataforma de privilegios; debe ser garantía de derechos.

El Foro y Frente Cívico y Social reafirma su compromiso de seguir formando ciudadanía, promoviendo veeduría social y convocando a los dominicanos a organizarse en sus comunidades. Allí comienza la defensa real de la soberanía. Allí se construye la fortaleza institucional que hace sostenible la libertad.

Cada generación enfrenta su propia prueba histórica. La nuestra no exige fusiles; exige carácter. No demanda gritos; demanda coherencia. Duarte enseñó que la política sin moral degenera. Sánchez recordó que la libertad requiere firmeza. Mella demostró que la determinación colectiva cambia el rumbo de la historia.

Las próximas decisiones nacionales reflejarán el nivel de conciencia que construyamos hoy. Si fortalecemos ciudadanía, fortaleceremos democracia. Si elevamos el estándar ético, consolidaremos institucionalidad. Si convertimos el voto en decisión moral y no en intercambio circunstancial, honraremos el sacrificio de quienes nos legaron esta nación.

La República no necesita salvadores providenciales. Necesita ciudadanos conscientes de que el poder legítimo nace en la ley y se sostiene en la participación organizada. Ningún sistema de privilegios resiste una ciudadanía madura. Ninguna práctica clientelar sobrevive cuando la conciencia se activa.

El 27 de febrero no es una ceremonia. Es un compromiso.

La historia no preguntará qué celebramos. Preguntará qué defendimos. Y preguntará si estuvimos a la altura del legado que recibimos.

Porque la República no se hereda como un objeto. Se defiende como un principio. Y los principios no se negocian.

Despierta, RD!

Dr. Isaías Ramos

Nuestra nación no pierde su libertad de golpe. La pierde cada día en la indiferencia, en la resignación y en la delegación pasiva de la responsabilidad histórica. Hoy, la República Dominicana enfrenta un momento crítico: generaciones enteras han sido educadas para sobrevivir, no para decidir; para recibir migajas, no para exigir justicia; para mirar desde la grada, no para protagonizar la historia.

La transformación del ciudadano en espectador no es casualidad: termina operando como un diseño funcional al abuso: mantenernos cansados, divididos y desorientados mientras sectores políticos y económicos consolidan su poder sobre lo público. No se trata solo de corrupción visible; la tragedia más profunda es la corrupción estructural que roba identidad, carácter y propósito. Cuando se roba la identidad de un pueblo, se roba también su futuro.

El método es constante y silencioso. Servicios deficientes, educación precaria, salarios insuficientes y cultura del “parche” acostumbran al pueblo a aceptar migajas como logros. Los derechos se convierten en favores y los favores en cadenas. Se gobierna desde el miedo, la ira y la desesperanza: emociones que paralizan la razón y apagan la acción consciente. Una sociedad así observa, pero no ve; oye, pero no comprende; se indigna, pero no persiste. Además, la conversación pública se manipula con propaganda, desinformación y distracciones que terminan por cansar, dividir y confundir.

Y sobre esta realidad se instala la mentira más peligrosa: “Esto no se puede cambiar”. La partidocracia teme al ciudadano despierto, no al pobre; teme al que, informado y organizado, exige justicia. Por eso termina alimentando desesperanza y cinismo. Sin embargo, la historia nos enseña que los pueblos despiertan cuando deciden actuar.

Para nosotros, el símbolo es el 27 de febrero de 1844, cuando Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella demostraron que la libertad no nace de la comodidad ni de la obediencia, sino del sacrificio, la disciplina y la organización moral. Ellos no esperaron que otros resolvieran el problema: asumieron la responsabilidad de cambiar el rumbo.

Hoy enfrentamos un desafío semejante, aunque distinto en sus formas. La dominación ya no llega solo con fusiles ni invasiones militares; también llega mediante estructuras de control financiero, contratos de largo plazo y alianzas público-privadas que pueden erosionar la soberanía cuando la ciudadanía pierde vigilancia y promueven dependencia. La captura puede ser pacífica y silenciosa, pero igualmente efectiva: convierte derechos en privilegios, dignidad en favor y futuro en incertidumbre.

El asistencialismo convertido en instrumento político refuerza esta trampa: carencias estructurales, alivio temporal, obediencia, silencio y perpetuación de pobreza. Eso no es justicia social; es clientelismo. Cuando se suman instituciones duplicadas, nóminas infladas, contrataciones opacas y controles débiles, el Estado se transforma en botín. La pregunta no es si tenemos recursos; es si tenemos carácter.

El cambio exige un ciudadano protagonista. Uno que entienda que sus derechos son límites que el poder no puede violar y que sus deberes son la disciplina que sostiene la convivencia. Que actúe con constancia, no con ruido. Que vigile contratos y resultados. Que forme parte de veedurías locales. Que vote con conciencia, no con gratitud fingida.

Necesitamos un ciudadano nuevo: manso ante Dios, firme ante la injusticia; que no intercambie dignidad por favores ni normalice la corrupción como “viveza”. La libertad no se sostiene con discursos; se sostiene con carácter. Y el carácter se forja en la familia, la comunidad, la educación y la fe auténtica.

Recuperar la patria también es recuperar la identidad y la memoria. Una nación sin símbolos ni historia es fácil de manipular. La patria no es un eslogan: es un hogar colectivo, un legado de sacrificio y un compromiso con el futuro. La enseñanza de Duarte sigue vigente: un país solo permanece libre si sus ciudadanos viven con moral, justicia y amor a la nación.

El camino de liberación es claro y práctico.

Primero: conciencia cívica. Conocer derechos y deberes, aprender a fiscalizar y exigir información pública.

Segundo: control institucional. Justicia independiente, auditorías verificables y consecuencias reales por abuso de poder.

Tercero: dignidad social. Trabajo decente, servicios públicos como derechos, educación y salud como patrimonio de la ciudadanía.

Cuarto: organización comunitaria. Liderazgo moral local, veedurías efectivas, redes de vigilancia y acción cívica sostenida.

El punto de quiebre está frente a nosotros: pasar de la comodidad del espectador a la responsabilidad del protagonista. El precio del cambio no es violencia ni odio; es disciplina, constancia y vigilancia. Es dejar de premiar la viveza y empezar a honrar la honestidad.

Desde el Foro y Frente Cívico y Social llamamos a formar y organizar ciudadanía en cada localidad. Allí nace la República que debemos rescatar; allí comienza la liberación verdadera.

El amanecer no llega solo. Llega cuando una sociedad deja de mirar desde la grada y entra al terreno de la responsabilidad histórica. Cuando eso ocurre, el ciudadano deja de ser espectador, la nación deja de ser botín y la patria vuelve a ser proyecto común.

El reloj de la libertad sigue marcando. Su permanencia depende de nosotros: de nuestra conciencia moral, nuestra fe y nuestra valentía. Porque cuando un pueblo vuelve a la verdad, deja de ser manipulable; cuando se organiza, deja de ser presa; cuando mantiene su carácter, la dignidad reemplaza al ocaso.

Del ciudadano espectador al ciudadano protagonista. Del silencio a la conciencia nacional que hace historia.

Despierta RD

 

Aplicando un criterio de oportunidad y efectividad, el ministro de Trabajo, doctor Eddy Olivares Ortega, convocó iniciando este mes de febrero, a la prensa nacional a su despacho, para a través de este encuentro con los medios hacerle un amable recordatorio a todo el empresariado del país; que a partir del 1 de febrero del 2026 ha entrado en vigencia un aumento salarial complementario en las diferentes escalas salariales existentes en el sistema laboral de la nación dominicana. Se trata de un modesto y necesario aumento en el sueldo de todos los trabajadores dominicanos en el sector privado. El aumento entrado en vigor es de un 8% del salario minimo de los trabajadores de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas

El ministro Eddy Olivares destacó que entre febrero de 2025 y febrero de 2026 el salario mínimo aumentó un 20% nominal en todos los tamaños de empresas, benefiando directamente a alrededor de un millón cuatroscientos mil trabajadores. Explicó que "este aumento favorecerá directamente a cerca del 60% del empleo formal en la República Dominicana, lo cual está enmarcado en la política del presidente Luis Abinader, de dignificar el empleo, reducir brechas sociales y construir un mercado laboral más justo y sostenible".

El ministro agregó que se trata de un aumento salarial que fortalece el poder adquisitivo y combate la pobreza en la población trabajadora, al tiempo de señalar que iniciándose el 2026, "la República Dominicana da un paso firme hacia la mejora de las condiciones de vida de miles de trabajadores con la aplicación total de este aumento al salario mínimo, aprobado en la mesa del diálogo tripartito en el Comité Nacional de Salarios".

Hablando de la efectividad y de los números exactos, tenemos que los trabajadores de las empresas grandes tendrán en lo adelante un salario de  RD$ 29,988.00, para un aumento de RD$ 4,998, los de las medianas RD$ 27,489.60, un aumento de RD$ 4,582.00, las pequeñas, RD$ 18,421.20, un aumento de RD$ 3,070, y las micro 16,993.20, para un aumento de 2,832.00.

Solo cabe esperar que estas disposiciones sean bien escogidas por todo el empresariado nacional, algo con lo que el ministro Olivares se mostró esperanzado. Igualmente esperamos que no se desate un proceso inflacionario que elomine éstos beneficios salariales, que la clase más pudiente del país no le juegue sucio a los más vulnerables.

Muy cordialmente

 José Vicente Calderón R.

 

 Dr. Isaías Ramos

Las naciones no pierden su libertad en un solo día. La pierden cuando dejan de defenderla todos los días. Y la República Dominicana enfrenta hoy uno de esos momentos en que la historia no pregunta si somos optimistas o pesimistas: pregunta si somos responsables.

En silencio —sin estruendo, sin fusiles, sin ocupaciones militares— se ha instalado un modo de gobernar que traslada decisiones estratégicas a contratos de largo plazo, alianzas público‑privadas, fideicomisos y estructuras “corporativas” que, cuando no están sujetas a control ciudadano real, terminan concentrando poder, rentas e influencia en pocas manos. La soberanía se erosiona cuando el pueblo pierde acceso, comprensión y control sobre lo que le pertenece.

Bajo discursos de modernización, eficiencia y crecimiento, se han expandido mecanismos que socializan riesgos y privatizan beneficios. Se promete progreso, pero se normaliza un patrón donde el Estado asume la carga y una minoría captura la renta. Ese patrón se vuelve más grave cuando el endeudamiento limita el margen para invertir en lo esencial, y cuando exenciones y subsidios se vuelven permanentes sin evaluación pública transparente. La pregunta no es ideológica: es republicana. ¿Quién paga la factura? La paga el ciudadano común, con servicios frágiles y con un Estado cada vez menos capaz de protegerlo.

Y la consecuencia más dolorosa no es una estadística: es un rostro. Un país donde demasiados jóvenes quedan fuera del estudio y del trabajo —y donde muchos otros, aun formados, no encuentran oportunidades reales ni un nivel de vida digno— acumula frustración y pérdida de esperanza cívica. Una nación que no puede ofrecer futuro a su juventud compromete su propia continuidad.

Este deterioro no es solo económico o político; es moral, social y espiritual. Un modelo que reduce al ciudadano a espectador y lo público a plataforma de rentas empuja a la sociedad al abismo de la mentira útil, del ego y de la apariencia. Allí donde la justicia se vuelve excepción y la verdad se vuelve propaganda, la democracia se vacía por dentro. Y un pueblo sin verdad no se organiza: se resigna.

Por eso febrero no es un mes decorativo. Febrero es memoria activa. En 1844, Duarte, Sánchez, Mella y los Trinitarios demostraron que la Patria debía ser un proyecto moral antes que un proyecto de poder. La independencia no fue solo expulsar opresores externos; fue afirmar que el bien común debía primar sobre los intereses particulares. Duarte lo advirtió con claridad: la autoridad sin moral y justicia termina traicionando la nación.

Hoy esa advertencia resuena con fuerza, porque el riesgo ya no se presenta como invasión: se presenta como “modelo”. Un modelo sofisticado que captura decisiones estratégicas y oportunidades sociales sin control ciudadano suficiente. Reconocer ese peligro es el primer paso hacia la liberación.

Pero la libertad no se preserva con diagnósticos. Se preserva con acción consciente. Los pueblos que han defendido su soberanía han seguido un camino exigente, pero seguro: despertar la conciencia ciudadana, reconstruir la ética pública y organizar la participación social. Ninguna democracia se sostiene cuando la sociedad renuncia a vigilar el poder.

Liberarse hoy no significa confrontación violenta ni ruptura institucional. Significa rescatar el sentido original de la República: instituciones abiertas, decisiones públicas sometidas al escrutinio ciudadano y políticas orientadas al bienestar colectivo. Significa defender el Estado Social y Democrático de Derecho no como lema, sino como mandato constitucional.

Y esa defensa empieza por lo mínimo indispensable, lo verificable, lo que no admite excusas: contratos completos y anexos públicos; auditorías independientes con resultados comprensibles; y sanciones ejecutadas con evidencia verificable. Si el poder invoca eficiencia, debe mostrar documentos; si invoca el interés nacional, debe abrir la información; si exige cumplimiento, debe exhibir pruebas.

Sin esos candados, lo público se vuelve mercancía y la libertad se reduce a apariencia. Los instrumentos cambian —del grillete a la cláusula—, pero al final producen los mismos resultados. Ayer la opresión se imponía con cadenas y bayonetas; hoy puede imponerse con contratos opacos y estructuras sin control. Cambia el siglo; el daño es el mismo: concentración, dependencia y ciudadanía sin voz.

Como ciudadanos —y como sujetos morales— tenemos una responsabilidad que no se puede delegar ni posponer. Comprender la gravedad de lo que ocurre y abstenerse de actuar es quedar fuera de lugar en el tiempo histórico. Defender la Patria hoy no exige odio ni caos; exige coherencia ética, disciplina cívica y vigilancia permanente.

Desde el Foro y Frente Cívico y Social lo afirmamos con sentido de urgencia y con esperanza: el reloj de la libertad sigue marcando su hora. Febrero nos convoca a despertar. No a gritar más fuerte, sino a pensar más claro. No a odiar, sino a exigir. No a destruir, sino a rescatar la República.

Que este Mes de la Patria sea un llamado a la conciencia nacional. La gran pregunta que enfrenta hoy la República Dominicana no es solo política o económica: es histórica, moral y espiritual. Decidir si seremos la generación que dejó que el reloj de la libertad se apagara, o la generación que lo hizo sonar con la fuerza de la conciencia, la justicia y Dios.

 

Despierta RD!

 

Por: José de Pool

El autor es empresario. Reside en Santo Domingo.

Aritmética parda y la historia que cuentan los números

Esta reflexión surge a partir de informaciones publicadas recientemente en la prensa nacional, que han vuelto a colocar en el centro del debate público los esquemas de pago, la intermediación y el uso de los fondos del Estado. No se trata de juzgar personas ni procesos judiciales en curso, sino de analizar patrones estructurales que se repiten con preocupante regularidad.

En muchas discusiones públicas, el énfasis se coloca en el relato: quién dijo qué, quién llamó a quién, o en qué momento ocurrió tal o cual hecho. Sin embargo, el verdadero fondo del problema suele estar en algo mucho más simple y difícil de refutar: la aritmética.

La pregunta esencial es directa:

¿Quién se queda con qué porcentaje y bajo qué justificación?

Cuando se observan esquemas en los que gestores, intermediarios o “facilitadores” reciben porcentajes elevados —40 %, 50 % o incluso más— mientras el fin público recibe una proporción menor, no hace falta un discurso elaborado para identificar la distorsión. No es ideología: son números.

Este tipo de prácticas no surge de la nada. Desde principios de los años 90, el Estado dominicano ha arrastrado un modelo estructural que posterga deudas, traslada compromisos de una gestión a otra y normaliza lo excepcional. Obras no concluidas, expropiaciones pendientes y pagos diferidos se convierten en una carga acumulativa que ningún gobierno logra saldar en su totalidad.

Con el paso del tiempo, se adoptaron decisiones administrativas que, aunque presentadas como soluciones, generaron nuevos incentivos problemáticos. El cierre contable con cuentas por pagar en cero, la centralización de deudas y la creación de fondos para pagos atrasados abrieron espacio a esquemas donde el intermediario pasó a ocupar el centro del sistema, desplazando el objetivo público.

Esta es una opinión, pero sustentada en la observación reiterada de un mismo patrón: cuando el sistema prioriza al gestor por encima del propósito, el resultado es predecible. No importa el partido, el período ni el discurso; el desenlace matemático es el mismo.

Las informaciones difundidas por la prensa nacional, que sirven de inspiración para esta columna, apuntan a modalidades de pago y flujos financieros que —de confirmarse— evidencian una falla sistémica más profunda que cualquier caso aislado. El problema no es solo quién lo hizo, sino qué estructura lo permitió.

En ese contexto, el veto del Presidente a una iniciativa legislativa considerada defectuosa debe entenderse como una decisión acertada y responsible. Vetar no es frenar el progreso; en ocasiones, es evitar la institucionalización de errores que luego se vuelven casi imposibles de desmontar.

Hoy más que nunca, el país necesita auditoría forense, trazabilidad y corrección estructural, no nuevos relatos que intenten justificar lo injustificable. Existen las herramientas técnicas para hacerlo; lo que se requiere es voluntad.

Al final, la aritmética no miente.

Los discursos cambian, los nombres pasan, pero los números —cuando se revisan con seriedad— siempre terminan contando la verdad.

 Por: Dr. Isaías Ramos

Hay un cansancio que no aparece en las encuestas ni se mide en reacciones. Se percibe cuando la gente baja la voz al hablar de política, evita el tema en la mesa familiar y tantos jóvenes miran hacia fuera porque aquí ya no esperan nada. No es apatía: es desgaste. Y ese desgaste es, quizá, la victoria más silenciosa de un sistema que ha aprendido a sobrevivir alimentándose de la resignación.

Cuando la ciudadanía se acostumbra a no esperar nada, el problema deja de ser electoral y pasa a ser moral.

Si el problema es estructural, la pregunta es inevitable: ¿cómo se sale de un sistema político capturado sin caer en el caos, el autoritarismo o la repetición de lo mismo con otros nombres? La respuesta no es cómoda, pero es clara: no se sale disputando el poder primero; se sale construyendo un proyecto de nación antes.

El error recurrente ha sido confundir cambio con alternancia. Se sustituyen rostros, colores y consignas, pero se conserva el mismo patrón: poder sin límites reales, controles débiles y responsabilidades diluidas. El resultado es frustración acumulada. Entonces el ciudadano concluye —con razón— que “todo da lo mismo”. Y cuando “todo da lo mismo”, lo que muere no es una preferencia política: muere la esperanza cívica.

Por eso el punto de partida no puede ser electoral. Un proyecto de nación precede al poder: fija principios, límites y objetivos que ningún gobierno debería violar sin consecuencias. Si el poder llega antes que el proyecto, lo secuestra; si el proyecto llega antes, el poder queda obligado a servirlo.

Un proyecto de nación no es un programa partidario ni un catálogo de promesas. Es un acuerdo ético y constitucional mínimo sobre el país que queremos ser y sobre las reglas que no estamos dispuestos a negociar, gobierne quien gobierne. En el caso dominicano, ese punto de referencia no es abstracto: está en la Constitución, en el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho que ella consagra.

Hablar de Estado Social y Democrático de Derecho no es retórica jurídica. Significa poder limitado, ley aplicada a todos, derechos que no dependen del favor político y ciudadanía con mecanismos reales de control. En términos simples: un país no progresa cuando el privilegio es la regla y la justicia la excepción.

Conviene decirlo con claridad, porque la salida empieza por la verdad: “sistema capturado” no es una consigna. Es la normalidad de instituciones subordinadas a intereses particulares, contrapesos debilitados, clientelismo que convierte derechos en favores e impunidad selectiva. La captura no siempre se presenta como un golpe; muchas veces se disfraza de rutina.

Ese modelo constitucional no se traiciona por falta de normas, sino por falta de voluntad y, sobre todo, por ausencia de presión cívica organizada. Cuando se fragmenta a la sociedad, se desacredita la verdad y la política se convierte en espectáculo, cualquier intento de transformación queda aislado. Se empuja a la gente a elegir entre apatía y fanatismo; entre “no me meto” y “sígueme a mí”.

De ahí la tarea central no sea buscar salvadores ni vengadores, sino reconstruir el tejido cívico: formar ciudadanía, elevar conciencia crítica, crear espacios de deliberación y articular voluntades alrededor de mínimos compartidos. Un país no se rescata con un hombre fuerte; se rescata con una sociedad firme.

Para que un proyecto de nación sea auténtico debe cumplir condiciones claras: debe ser constitucional y no ideológico; incluyente y no tribal; anterior al poder y no rehén de calendarios electorales; y, sobre todo, verificable. Lo verificable exige metas públicas, indicadores y auditoría social: transparencia como método, rendición de cuentas como obligación y mérito como regla.

Este enfoque no promete resultados inmediatos, y precisamente por eso es creíble. Las salidas rápidas suelen ser las más peligrosas: en nombre del orden se sacrifican libertades; en nombre de la eficacia se sacrifica justicia. El país no necesita atajos emocionales ni liderazgos mesiánicos; necesita dirección moral y disciplina cívica.

La alternativa es más exigente, pero también más segura: conciencia antes que movilización, proyecto antes que poder, principios antes que líderes. Solo así la indignación legítima no degenera en nihilismo ni en autoritarismo. Solo así la unidad deja de ser miedo compartido y se convierte en convicción compartida.

En este contexto, las organizaciones cívicas no sustituyen a la política: la obligan a elevar su estándar. Iniciativas como el Foro y Frente Cívico y Social asumen esa responsabilidad al trabajar en el territorio, promover debate informado y articular ciudadanía, devolviéndole dignidad a la conversación pública.

La historia demuestra que los sistemas capturados no colapsan por sí solos. Cambian cuando una masa crítica deja de normalizar el abuso y decide organizarse alrededor de una idea clara de país. Ese proceso no siempre regala victorias inmediatas, pero evita derrotas irreversibles.

Por eso, el desafío no es solo resistir un sistema agotado, sino imaginar y construir, con paciencia y firmeza, el país que debe reemplazarlo. Cuando el proyecto de nación precede al poder, el poder deja de ser botín y vuelve a ser lo que nunca debió dejar de ser: un mandato temporal al servicio de la República.

Y cuando una sociedad recupera esa idea —que el Estado no se hereda, no se reparte ni se usa; se administra y se sirve— comienza, de verdad, el camino de la liberación.

Despierta, RD

El 22 de diciembre de 1855 se libraron en nuestra área fronteriza lo que en la historiografía nacional conocemos como las Batallas Gemelas, narrado en boca del Mayor General (r) Jorge Radhames Zorrilla Ozuna, "defensa heroica de nuestra frontera, de nuestra independencia, de nuestra nacionalidad".

Entonces, el pasado 22 de diciembre de este año, el 2025, conmemoramos el 170 aniversario de las Batallas de Santomé y Cambronal, que son las que conocemos como las Batallas Gemelas, libradas simultáneamente en distintos puntos de nuestra frontera sur.

Y sigo citando a este ex militar, un militar de carrera, Zorrilla Ozuna, quien luego de pasar a la vida civil ha devenido en un sobresaliente dirigente y líder político, fundador y presidente del Partido Cívico Renovador, intelectual y conferencista.

"En defensa heroica de la soberanía y consolidación de nuestra independencia nacional, estas epopeyas gloriosas, ocurrieron en un momento crucial del proceso de afianzar nuestra independencia, apenas 11 años después de la proclamación del Estado Dominicano el 27 de febrero de 1844. En donde la joven república enfrentaba constantes episodios de invasión por parte de Haití, entonces gobernado por el Emperador Faustino Soulouque, quien dirigió sucesivas campañas militares buscando reincorporar la parte este de la isla a la República de Haití".

“En ese contexto histórico, la sabana de Santomé, en San Juan, y Cambronal, en las proximidades de Neiba, actual provincia Bahoruco, en nuestra frontera sur, fueron escenarios decisivos, donde el valor, la estrategia y el amor por la Patria se impusieron frente a un ejército invasor numéricamente superior y muy ambicioso.”

“La Batalla de Santomé, magistralmente dirigida por el general José María Cabral, constituye una de las mayores hazañas militares dominicanas del siglo XIX. Simultáneamente, en Cambronal, las armas dominicanas, bajo el mando del valeroso general Francisco Sosa, lograron contener y derrotar a las tropas haitianas, dirigidas por el general Pierre Riviere Garat. Estas victorias complementarias sellaron jornadas históricas demostrando inequívocamente, que nuestra independencia no era un acto aislado, sino una conquista real, que sería defendida con sangre, sacrificio y determinación.”

Que este 22 de diciembre sirva no solo para recordar el pasado, si no para renovar nuestro compromiso con una frontera fuerte, viva y plenamente dominicana, concluyó el director general de desarrollo fronterizo, general Zorrilla Ozuna

Muy cordialmente,

Jose Vicente calderón R.

 

Por: José Vicente Calderón R.

Recientemente el Senado de la República, a iniciativa del senador de la provincia La Altagracia y del Partido Revolucionario Moderno, Rafael Barón Duluc Rijo, cariñosamente Cholitin, se dispuso honrar a un eminente médico dominicano de la especialidad de la ginecología.

Considerando: Que el doctor José Altagracia Garrido Calderón es un prestigioso ginecólogo y profesor, quien nació en Higuey, provincia La Altagracia, en enero del 1943, estudios primarios y secundarios realizados en su ciudad natal, para más adelante trasladarse a la ciudad de Santo Domingo a estudiar; graduándose de doctor en medicina en octubre del 1967 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Que en el 1970 inició sus estudios de especialización en ginecología obstetricia en el Instituto Mexicano de Seguros Sociales, con el reconocimiento de la Universidad Autónoma de México; regresando en 1974 al país, ingresando a la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia como médico ayudante de gineco-obstetricia.

Que ha sido una figura permanente en los Congresos Médicos de su especialidad, ofreciendo además alrededor de 50 Conferencias en diversos foros, y publicado cerca de 40 trabajos de investigación en revistas nacionales e internacionales y ha sido asesor de múltiples tesis de grado en la UASD, por demás habiendo publicado varios libros. El doctor Garrido Calderón es miembro del Colegio Médico Dominicano, y recibió la distinción de Maestro de la Medicina Dominicana, de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, de la Sociedad Americana de Fertilidad y de la Sociedad Dominicana de Pediatría, de la que es miembro de honor.

Que fue fundador y primer presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, y fue el organizador del Segundo Congreso Latinoamericano de Medicina Perinatal en el 1989. Que en reconocimiento a su trayectoria, la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia le nombró Maestro de la Gineco-obstetricia Dominicana, y la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia le declaró Maestro de la Ginecología y Obstetricia Latinoamericanas. Toda una vida de grandes aportes a su especialidad y a su país.

Considerando todo esto, y que es deber del Senado de la República exaltar a aquellos hombres y mujeres que han trascendido en la sociedad y que han transmitido valores, lo cual sirve de ejemplo y estímulo para las presentes y futuras generaciones; el Pleno Senatorial aprobó a unanimidad la Resolución que reconoce al doctor José Altagracia Garrido Calderón.

 

 Por: Jose Vicente Calderon R.

A iniciativa del maestro José Ferreira Capellán, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y aprobada a unanimidad por el Consejo de esta Facultad, fue conocida una resolución en la que se tributa un reconocimiento, merecidísimo reconocimiento, al licenciado Víctor Orlando Bisono Haza, Ito. La placa contentiva de éste reconocimiento le fue entregada a Ito Bisono en un emotivo, significativo y multitudinario acto celebrado recientemente en uno de los salones de la Torre Administrativa de la UASD.

En sus palabras de rigor, el rector magnífico de la Universidad, Maestro Editrudis Beltrán, manifestó: "La Universidad Autónoma de Santo Domingo agradece y honra a quienes con su impronta y sus aportes contribuyen a que elevemos el orgullo uasdiano"

Y siguió: "Para nosotros es un honor reconocer la valiosa y constante colaboración del apreciado amigo de esta academia, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Orlando Bisono Haza   (Ito Bisono), a quien distinguimos de forma especial en esta memorable tarde".

Resaltó que Ito en toda su trayectoria, tanto como diputado que fue durante 18 años, como en su actual función de ministro, ha impulsado reformas, leyes e iniciativas de gran impacto, orientadas a modernizar la infraestructura productiva y tecnológica del país.

De su lado, Ito, quien  también es un dirigente político con perspectivas hacia la presidencia de la República, se expresó así: "Asumo este reconocimiento con gratitud sincera y con la firme convicción de que todo lo que uno siembra con cariño, con coherencia y con sentido de país, siempre encuentra su camino de vuelta. Hoy, ese camino vuelve aquí, a la UASD".

Agregando, "A lo largo de toda mi trayectoria pública, antes de ser legislador, durante mis 18 años en la Cámara de Diputados y ahora como ministro, he asumido un compromiso continuo con esta casa de estudios. Ha sido un compromiso transversal a cada etapa de mi vida pública, porque creo firmemente en el valor transformador de la educación y en el papel insustituible que tiene la UASD en el desarrollo del país.

 Solo nos resta exhortarle a Ito que siga aportándole a Instituciones como la UASD, que siga aportándole al país, para que no solo sea reconocido por sus contemporáneos, sino que también sea enaltecido y reconocido por la posteridad.

 

Por: José Vicente Calderón R.

El pleno de la Cámara de Diputados cuenta al día de hoy con un total de 190 entre diputados y diputadas diseminados entre 10 a 15 partidos políticos de los más de 30 que participaron en las últimas elecciones congresuales. La mayor cantidad de diputados y diputadas los tienen el Partido Revolucionario Moderno (PRM), la Fuerza del Pueblo ( F P ) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Hay algunos partidos que cuentan con tan solo un diputado, es el caso del Partido Revolucionario Dominicano (PRD); se trata del diputado de representación nacional, Ramón Antonio Raposo Rodríguez.

Repito, el PRD tiene tan sólo un diputado, Ramón Antonio Raposo, pero pareciera como si tuviera más de 10. Si analizamos detenidamente el accionar legislativo de este diputado, nos percataremos de que parece la labor legislativa de más de 10 diputados.

Veamos sobre su accionar más reciente: El diputado Ramón Raposo, aunque su representación es nacional, ha asumido ser la voz del municipio Santo Domingo Norte en la Cámara de Diputados, y apuntalando esa misión ha sometido un proyecto de ley que procura declarar este municipio como ecoturistico.

Raposo además ha depositado en Secretaría Legislativa de la Cámara, más de 10 proyectos de resolución con los que procura el asfaltado de calles, soluciones viales, disminución de accidentes de tránsito, la construcción y reparación de hospitales y centros educativos entre otras de las necesidades mas sentidas de las diferentes comunidades.

 En los últimos días hemos visto en varios medios de circulación nacional: Diputado del PRD llama al Ministerio Público y a la Junta Central Electoral a frenar la infiltración del narco en la política; instó a fortalecer los mecanismos de control que impidan la penetración del narcotráfico y el crimen organizado en la política vernácula. Luego vemos: Ramón Raposo llama a diputados a no "inventar" con la cesantia. Reclama a las autoridades correspondientes implementar plan para el saneamiento de cañadas en todo el Gran Santo Domingo. Diputado Raposo y parroquia de Los Guaricanos desarrollan jornada de concienciación para prevenir el cáncer de mama. Diputado Raposo reclama y se queja de que "además de las altas tarifas eléctricas y los apagones, la población deberá pagar 65 mil millones en préstamos para las EDES. Mis felicitaciones al diputado que vale por 10.

 Por José Vicente Calderón R.

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, designó en agosto de 2024, al destacado dirigente político del Partido Revolucionario Moderno, Tonty Rutinel Domínguez, como cónsul general del país en la ciudad de Bogotá, Colombia; esto a través del decreto 471-24. Desde entonces este funcionario viene desarrollando una ardua y encomiable labor en el servicio exterior. Tonty Rutinel Domínguez se ha revelado como un gran conocedor de los asuntos consulares y diplomáticos.

Y todo este sobresaliente desempeño de Tonty, está siendo muy bien valorado y reconocido por sus compatriotas residentes en Colombia, principalmente en la ciudad de Bogotá. Pero también lo valoran y reconocen los dominicanos que visitan a esta nación sudamericana, ya sea como turistas, o en asuntos de negocios, trabajo, estudios, o salud. Todos reconocen y aplauden su trabajo como cónsul.

Y todo este reconocimiento ha sido recogido en los últimos días en notas y crónicas publicadas en diferentes medios colombianos de alcance nacional e internacional, así como publicaciones en redes sociales, como Facebook e Instagram. Igualmente se han hecho eco medios de nuestro país, la República Dominicana, tanto impreso como digitales

Diáspora resalta trabajo de Consulado Dominicano en Bogotá, Colombia .  Dominicanos residentes desde hace varios años en este país sudamericano destacaron la labor diplomática del consúl dominicano Tonty Rutinel Domínguez. Los criollos que hicieron la afirmación coincidieron en señalar que el trabajo del funcionario se ha enfocado en aumentar el comercio y el intercambio cultural entre Colombia y República Dominicana. Además, que ha fortalecido los canales institucionales, aumentando la balanza comercial y encaminando a ambas naciones a obtener mayores beneficios económicos.

Aquí les dejo con un sugerente y emotivo mensaje que a traves de una de sus redes le envía una compatriota al señor cónsul:  Buenas tardes. Dios le Bendiga en sus labores Sr. Tonty Rutinel Dominguez un gusto saludarle!!

Le presentó la principal razón de mi viaje a RD, al nacimiento de mi Nieta Marie Salome Lozano Parada..ya está dentro de nosotros, salió todo bien Gloria al Señor tanto por mi niña cómo por mi hija...Agradecemos profundamente por su diligencia, apoyo, empatia y solidaridad en la aprobación de la Visa...

Nuestra gratitud para con usted deseándole que cada dia siga siendo instrumento de bendición para muchos.. Un abrazo los mejores éxitos en sus labores.

Que sea doblemente bendecido.