El grupo formaba parte de una red que se dedicaba al secuestro, robo, sicariato, porte y tenencia de armas de fuego ilegal y al tráfico de drogas y sustancias controladas

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, los jueces de un tribunal de La Altagracia condenaron a 30 y 20 años de prisión a cinco hombres hallados culpables de cometer intento de asesinato y delitos de drogas.

Orlando Cedeño Acosta (el Light) y Omar Antonio de la Cruz (Ñoño) fueron condenados a la pena máxima de 30 años de prisión por intento de asesinato, mientras que Esterlin Rikervin Vilorio (Gafita) fue sentenciado igualmente a 30 años por patrocinio de drogas. También, fueron condenados Neifi Neftalis Núñez y Joan Eusebio a 20 años de prisión por tráfico de drogas.

El grupo formaba parte de una red que se dedicaba al secuestro, robo, sicariato, porte y tenencia de armas de fuego ilegal, y al tráfico de drogas y sustancias controladas, según consta en el expediente acusatorio instrumentado por los fiscales Rony Yordany Mercedes y Aneurys Castillo de Jesús.

Los fiscales litigantes Luis Omar García y Hendrich Ramírez presentaron la acusación ante los jueces del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Altagracia, Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte.

La Fiscalía de La Altagracia, conjuntamente con agentes de la Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dicrim), del Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y de la Dirección Central de Inteligencia Sensitiva, desarticuló la red del crimen organizado, dirigida, patrocinada y coordinada por el ahora condenado Esterlin Rikervin Vilorio.

El expediente señala que los procesados coordinaron asesinar al señor Joel de Jesús Rodríguez Durán, para lo cual rentaron varios vehículos que usaron también para el traslado de sustancias controladas.

Los procesados alquilaron un apartamento en el sector Evaristo Morales, del Distrito Nacional, que utilizaron como centro de acopio y almacenamiento de las armas de fuego y las sustancias controladas, así como también las vestimentas y diferentes artículos utilizados en el intento de asesinato.

Detalla que, utilizando armas de fuego de manera ilegal, los procesados cometieron el intento de asesinato el día 25 del mes de marzo del año 2023, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, luego de interceptar a la víctima Joel de Jesús Rodríguez Durán mientras transitaba en un vehículo marca Volkswagen, de color Blanco, por la calle Tercera del sector Villa Cristal del municipio de Higüey, provincia La Altagracia.

Los procesados se desmontaron de dos vehículos en que se desplazaban y le dispararon a la víctima, quedando la acción grabada en vídeos de cámara de seguridad de la zona. Al ser inspeccionada dicha escena, fueron recolectados por agentes policiales la cantidad de diecisiete (17) casquillos de armas de fuego.

Durante las pesquisas a los ahora condenados también les fueron ocupados 17.75 kilogramos de cocaína clorhidratada y 2.29 kilogramos de metilendioximetanfetamina (MDMA) (éxtasis), conforme al Certificado de Análisis Químico Forense No. SC1-2023-03-01-005452, emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Igualmente, les fueron incautadas varias armas de fuego, incluyendo una pistola marca Glock 19, con su cargador y ocho (8) cápsulas calibre 9mm, una pistola marca Taurus, calibre 9mm, con su cargador y quince (15) cápsulas para la misma, una pistola marca Smith and Wesson, color negro con gris, calibre 9mm, con su cargador y catorce (14) cápsulas para dicha arma, así como una escopeta, calibre 12mm, marca Mosberg. Además, fueron ocupados dos cuchillos.

En el transcurso de la operación también fueron incautados varios vehículos, teléfonos celulares, prendas de vestir, diferentes documentos, así como dinero en pesos y dólares.

Por este caso, Vilorio cumple prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, en Santo Domingo, mientras que Cedeño Acosta, De la Cruz, Núñez y Eusebio se encuentran recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en el municipio de Higüey, en la provincia La Altagracia.

 

 

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al acoger la solicitud del Ministerio Público, un tribunal impuso 30 años de prisión a un hombre procesado por intento de asesinato y violencia de género e intrafamiliar agravada luego de que en 2024 disparara a su expareja sentimental frente a una concurrida repostería de Santiago.

Pedro Samuel Fernández Sánchez fue procesado por el Ministerio Público con numerosos medios de prueba que demostraron que amenazó, vigiló, persiguió e interceptó a la víctima, realizándole un disparo en el rostro, con la intención de matarla, con un arma de fuego que portaba de manera ilegal.

La agresión le provocó a la víctima secuelas psicológicas y permanentes de tipo estético por desfiguración físico-facial, conforme al peritaje médico forense realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Además de la violación a los artículos 2, 295, 296, 297, 298, 302, 309-1, 309-2 y 309-3 (letras B, C y E), del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género, que tipifican y sancionan la tentativa de asesinato y violencia de género agravada, la Fiscalía de Santiago acusó al procesado de la violación de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La investigación de los hechos estuvo a cargo de la fiscal Niovy Gómez, quien en su levantamiento de información verificó que el ahora condenado mantenía una constante persecución, asedio, vigilancia y amenazas contra la víctima.

El Primer Tribunal Colegiado, integrado por los jueces Juan Carlos Colón, Claribel Mateo y Gladys de los Santos, también condenó a Fernández Sánchez a pagar una indemnización de 2 millones de pesos a favor de la víctima y se ordenó el decomiso de las pruebas materiales del proceso.

La fiscal Reyna Jiménez, quien representó al Ministerio Público en audiencia de fondo, relató al juzgador el escenario que rodeó la tentativa de asesinato.

El Ministerio Público, aseveró, la litigante, demostró que el procesado premeditó los hechos y los cometió con asechanza, toda vez que rentó un vehículo marca Honda, modelo CRV-EX-L, color Blanco, para ejercer la persecución sin que la víctima lo notara.

En marzo de 2024 esperó a la víctima frente a su lugar de trabajo a donde la mujer llegó a bordo de un motoconcho. Luego de advertirle lo que haría, el procesado disparó a la mujer y luego huyó de la escena.

La investigación del Ministerio Público, a través de su Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, puso a disposición del tribunal las pruebas materiales del proceso, como el arma de fuego ilegal que el encartado utilizó.

Entre otras pruebas, el Ministerio Público logró recolectar los vídeos de las cámaras de videovigilancia que captaron los hechos, así como las capturas de conversaciones tanto con la víctima, como con otros amigos y familiares, que dejaron evidenciadas sus intenciones.

 

El tribunal impuso al comunicador, fianza de un millón de pesos, impedimento de salida y alejamiento de la empresa PETROMOVIL.

LA ALTAGRACIA.-  El segundo tribunal colegiado de esta provincia impuso este miércoles medida de coerción, contra el comunicador Jefte Ventura al reconocer el delito de difamación  e injuria,  en contra de la empresa PETROMOVIL.

El juez Victor Camacho Padua, impuso al comunicador, impedimento de salida, una fianza de un millón de pesos y alejamiento inmediato de dicha empresa.

Durante la audiencia, la fiscalía decidió retirar el pedimento de prisión preventiva que había solicitado en contra del comunicador, luego de presentar vídeos, audios y documentos,  donde se demostró la difamación por parte del Jefte Ventura  a PETROMOVIL.

El tribunal de Higuey al deliberar, encontró valor en las pruebas presentadas por la parte querellante,  en el delito de difamación. Jefte Ventura quedó bajo arresto, hasta tanto sus abogados paguen la garantía económica de un millón de pesos, interpuesta por el tribunal.

 SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Fundamentado en las pruebas aportadas por el Ministerio Público, un tribunal condenó a penas de 30 y 20 años de prisión a dos hombres hallados culpables de provocar la muerte a una pareja propietaria de una cabaña del municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, en el año 2022.

La condena de 30 años de prisión fue impuesta contra Raulyn Martínez de la Cruz, mientras que 20 años de prisión y el pago de una indemnización de 10 millones de pesos fue dictada en contra de Nervin Alcequiez Hilario, hijo del occiso.

Ambos fueron condenados por la muerte de los señores Santos Alcequiez y Miriam Altagracia Grullón Liz, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida en dicho establecimiento el 30 de marzo de 2022, un día después del crimen.

El expediente acusatorio detalla que los hechos ocurrieron en dicho establecimiento alrededor de las 10:30 de la noche del 29 de marzo de 2022. Martínez de la Cruz penetró a dicho lugar luego de realizar una negociación con Alcequiez Hilario, mediante la cual este le encargaba matar a su padre a cambio de la suma de 400 mil pesos para sustraer documentaciones de unas propiedades.

Dos semanas antes de que ocurrieran los hechos, Alcequiez Hilario le proporcionó la suma de doscientos cincuenta mil pesos (RD$250,000) a Martínez de la Cruz, además de un arma de fuego para la comisión de los hechos.

Al día siguiente de ejecutar los crímenes los dos procesados se reunieron, procediendo Martínez De La Cruz a hacerle entrega a Alcequiez Hilario del arma de fuego, mientras que este último le hizo entrega de la suma de RD$150 mil pesos como pago final.

La calificación jurídica del hecho punible está establecida en los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal dominicano.

Martínez de la Cruz deberá cumplir la sentencia en la Fortaleza Olegario Tenares, de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, mientras que Nervin Alcequiez Hilario la cumplirá en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Vista al Valle, de  San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

La procuradora fiscal Odalis Mercado Morris tuvo a cargo la litigación del caso, cuya investigación fue realizada por la fiscal Helaynne Guzmán de Jesús.

El Tribunal Colegiado de María Trinidad Sánchez, presidido por Salma Bonilla Acosta, dictó la sentencia condenatoria basado en los elementos de pruebas aportados por el Ministerio Público.

 

 Las autoridades informaron que será sometida a la justicia y solicitarán medidas de coerción en las próximas horas

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público ejecutó la noche del domingo una orden de arresto en contra de una joven imputada de maltratar a una niña de dos años de edad en un centro de cuidado infantil donde laboraba, localizado en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.

Yamelsy Matos Beltré, de 25 años de edad, empleada del centro, fue arrestada con orden judicial al entregarse ante las autoridades del Ministerio Público en la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este.

Las investigaciones en su contra iniciaron tras la amplia difusión de un vídeo la pasada semana en las redes sociales, que capta el momento en que maltrata a la niña en el centro de atención infantil.

El Ministerio Público junto a la Policía Nacional, previo al arresto, desarrolló un operativo de búsqueda en diferentes sectores del municipio.

A través de comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que amplía las investigaciones del caso para proceder con el sometimiento a la justicia de la imputada y solicitar la imposición de medidas de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este en el plazo constitucional de las 48 horas.

Santo Domingo. El magistrado Dante Ozuna Mercedes depositó este viernes su candidatura para optar por la representación de los jueces de paz ante el Consejo del Poder Judicial, conforme al calendario y a los procedimientos establecidos por el Comité Electoral.

El depósito se realizó en la sede de la Suprema Corte de Justicia, con la presencia de jueces de distintas demarcaciones del país, quienes acompañaron el proceso como muestra del interés que ha generado esta elección dentro del estamento judicial.

Ozuna Mercedes, juez de carrera con más de 15 años de servicio en el Poder Judicial, expresó que su postulación responde a la necesidad de una representación cercana, responsable y comprometida con la institucionalidad, en apego a los principios que rigen la función pública y la administración de justicia.

Su candidatura se sustenta en el lema “Merecemos voz y representación. Es hora de ser parte.”, y plantea como ejes fundamentales el fortalecimiento de la carrera judicial, la aplicación de reglas claras y objetivas en los procesos de ascenso, traslado y suplencias, así como una representación con rendición de cuentas ante el colectivo de jueces de paz.

La elección de los representantes ante el Consejo del Poder Judicial está contemplada en la Constitución de la República y en las leyes vigentes, como un mecanismo para garantizar la participación de los distintos niveles de la judicatura en el órgano encargado de la administración y disciplina del Poder Judicial.

 

El doctor Julio Ladrón y Roberto Santana Sánchez, responsables de ambas entidades, se comprometen a seguir fortaleciendo las vías de colaboración 

 SANTO DOMINGO (República Dominicana ).- El Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) firmaron un convenio de colaboración interinstitucional que ratifica la disposición de los hospitales públicos a fortalecer la atención médica necesaria y oportuna a los privados de libertad.

El acuerdo fue rubricado por el doctor Julio Ladrón, director ejecutivo del SNS, y Roberto Santana Sánchez, titular de la DGSPC. Ambos funcionarios, asumieron recientemente sus respectivas funciones.

Landrón sostuvo que el acuerdo se realiza con el interés de ratificar el compromiso del Estado para que los privados de libertad reciban atenciones y servicios de salud de forma rápida y oportuna y siguiendo los debidos protocolos de seguridad que requiere cada caso.

Destacó que su gestión está comprometida con el fortalecimiento de las unidades médicas de los diferentes recintos carcelarios. 

“Nuestro equipo de trabajo en el SNS está en la entera disposición de colaborar en la capacitación del personal de salud de los centros penitenciarios”, dijo.

En tanto, el titular de la DGSPC, Roberto Santana Sánchez, destacó que la atención de salud constituye la puerta de entrada al proceso de prisionalización de los individuos que son ingresados  a los sistemas penitenciarios.

En ese sentido, resaltó que el convenio con el SNS muestra la buena voluntad de los funcionarios de la institución y la vocación hipocrática y patriótica de personas que siguen creyendo en un mejor país, con mayores oportunidades para todos.

“Estamos tocando todas las puertas y tenemos que decir, felizmente, que las puertas se están abriendo con un alto compromiso”, dijo Santana Sánchez.

“Va a llegar un momento en que la sociedad podrá decir que tenemos un sistema penitenciario que nos ayuda a tener una sociedad democrática con una convivencia pacífica”, expresó.

El acuerdo compromete al SNS a proporcionar a la DGSPC, y a poner a disposición de todos los internos en los recintos carcelarios, los equipos, servicios y personal médico, así como asistencia de especialistas, a fin de que reciban servicios de salud de óptima calidad.

El SNS también apoyará la gestión de solicitudes de servicios médicos especializados, como emergencias, áreas quirúrgicas, neurocirugía, cirugía de columna, laboratorio, imágenes y odontología, dentro de las instalaciones de hospitales identificados.

En tanto, la DGSPC se compromete a poner a disposición del SNS todos los internos de las brigadas para el medio libre que se encuentran en el período de prueba, según su catálogo de habilidades, tales como: pintores, carpinteros, jardineros, electricistas, ebanistas, albañiles, letristas, plomeros y maestros constructores.

 Roberto Santana agradeció a los internos del viejo recinto que mantienen una actitud colaborativa que facilite el proceso de reubicación

SANTO DOMINGO (República Dominicana).-  Avanzando en el proceso iniciado en noviembre pasado, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales

(DGSPC) trasladó a otros 400 privados de libertad desde La Victoria al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.

Con este nuevo grupo de internos se completa el 50 % de la capacidad del primer módulo de Las Parras entregado por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) como parte de los trabajos de terminación y readecuación del complejo penitenciario.

Roberto Santana, titular de la DGSPC, agradeció a los internos de La Victoria que aguardan su traslado a la CCR Las Parras y que mantienen una actitud colaborativa para facilitar el proceso de reubicación. Recordó que los nuevos espacios facilitarán que puedan recibir un tratamiento de mayor dignidad.

“Aprovechamos la ocasión para exhortar a los internos que continúen manteniendo una actitud colaborativa en favor de este proceso de mejoramiento penitenciario que, a la vez, contribuye a la tranquilidad de sus familiares”, expresó Santana.

Recordó que el módulo habilitado en el CCR-Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, cuenta con una infraestructura moderna, que incluye áreas administrativas, talleres de costura, salas de audiencias, áreas de visitas familiares y conyugales.

Además, celdas de máxima seguridad, consultorio médico, comedor, cocina, subestación.eléctrica, así como de plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros.

“Como se sabe, este proceso de traslado, y el proceso de reforma penitenciaria en general, son una prioridad del Estado dominicano”, dijo.

Añadió que la eliminación de las conductas ilegales en centros penitenciarios y las actividades ilícitas son un objetivo clave en la normalización de la seguridad en las prisiones.

Santana recordó que el Estado dominicano está obligado a superar cualquier tipo de obstáculo para impulsar un proceso de reforma penitenciario que, además de respetar la integridad de los privados de libertad, contribuya a su rehabilitación en bien de ellos, de sus familiares y para la seguridad de toda la sociedad.

El titular de la DGSP valoró que los familiares de los internos y sus abogados comprendan, al igual que toda la sociedad, que el traslado al CCR Las Parras representará un cambio positivo en la vida de los privados de libertad y todo su núcleo familiar y social.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Respondiendo al pedimento del Ministerio Público, un tribunal condenó a la pena máxima de 30 años de prisión a un hombre por tentativa de homicidio contra su expareja sentimental, en un hecho ocurrido en diciembre del año 2022, en el sector Pueblo Nuevo, de Las Matas de Farfán.

La condena de 30 años de prisión fue dictada en contra de José Manuel Alcántara (Mangue), por actuar con premeditación, acecho, persecución e intentar asesinar a su expareja con un arma blanca, tipo machete.

Los hechos, narrados ante el tribunal por la procuradora fiscal en casos de Violencia de Género e Intrafamiliar Denia Rodríguez, evidencian de forma clara, coherente y contundente, la intención del condenado de asesinar a la víctima, a quien, el 26 de diciembre de 2022, persiguió alcanzó y le produjo heridas en diversas partes del cuerpo, dejándola abandonada al pensar que la había asesinado.

El Ministerio Público demostró al Tribunal Colegiado de las Matas de Farfán, integrado por Blaudy Luciano, Eduard Gerónimo y Sally González, que con sus acciones José Manuel Alcántara violó los artículos 2, 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano.

 

 Roberto Santana agradece los esfuerzos conjuntos que fortalecerán el sistema penitenciario

SANTO DOMINGO (República Dominicana). - Varias instituciones del Estado concentran esfuerzos para respaldar el proceso de transformación del sistema penitenciario dominicano con miras a mejorar las atenciones a los privados de libertad y los programas de rehabilitación social.

Así lo explicó Roberto Santana, titular de la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), al ofrecer las palabras de bienvenida a la segunda reunión de directores de centros, en la que participaron, además, representantes de diversas entidades públicas.

“Siendo nosotros una institución del Estado que para lograr sus objetivos requiere tanto apoyo, pues en cada una de estas reuniones de planificación tendremos la presencia de representantes de instituciones estatales con las que tenemos compromisos y ellas tienen compromisos con nosotros de apoyarnos para fortalecer el sistema penitenciario”, explicó Santana.

Entre los invitados a este segundo encuentro estuvieron Edgar Augusto Féliz Méndez, director general de Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac); Rafael Ulises Cruz Rodríguez, director General de ProIndustria; David Herrera Díaz, director del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), Ronald Castillo, responsable de Edificaciones Penitenciarias del Ministerio de la Vivienda, y Elizabeth Rodríguez, de la Oficina Nacional de la Defensa Pública.

“En este momento, estamos aprovechando que el Estado muestra un interés en apoyar a nuestra dirección para continuar el proceso a través del cual buscamos que los privados de libertad tengan un trato digno y humano en todos nuestros centros”, resaltó Santana.

En tal sentido, explicó que han tenido reuniones con la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria y el Inespre, a fin de elevar la calidad de la alimentación en los centros penitenciarios.

“Nos reunimos con el director de Dasac y el Inespre para buscar solución al tema de los alimentos de los privados de libertad, porque el tema de los alimentos es clave, por eso nuestros aliados están haciendo su parte y a nosotros nos toca hacer la nuestra”, señaló.

Mived y ProIndustria

Santana agregó que de igual manera continúan con la coordinación con el Ministerio de la Vivienda (Mived), institución que tiene la tarea de construir los nuevos centros para el sistema penitenciario.

“Como ustedes saben el Mived se encarga de las construcciones nuevas y remodelaciones. Aquí tenemos la garantía de la continuidad de la infraestructura basados en un plan plurianual apoyado por el Presidente de la República, presentado por el Mived y la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep), el cual contiene los centros penitenciarios que debemos construir para sustituir las cárceles públicas que están en los cuarteles militares y los centros policiales, más algunas provincias que no tienen prisiones”.

Al hablar del tema, el representante de construcciones carcelarias del Mived, Ronald Castilo, señaló que “es un hecho de que vamos a eliminar y a sustituir todas las cárceles tradicionales por cárceles que pertenezcan al Nuevo Modelo Penitenciario. Ya están adjudicadas 10 para este año: El Seibo, Hato Mayor, Azua, Baní, Barahona, Neiba, Pedernales, Bonao, Santiago Rodríguez y Cotuí en esta primera etapa. Y a finales de este año vamos a iniciar el proceso de licitación de 10 cárceles más”.

Durante el encuentro se informó, además, que se prepara la formalización de un acuerdo de colaboración con ProIndustria con una agenda de trabajo conjunta orientada a apoyar los procesos de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad.

El director de ProIndustria, David Herrera, explicó que lo que se busca es que la institución aporte al sistema penitenciario el diseño e implementación de programas de capacitación, acompañamiento técnico y habilitación de espacios productivos que permitan a la población penitenciaria adquirir competencias laborales desarrollar habilidades emprendedoras y generar proyectos productivos alineados con las demandas de los nuevos tiempos.

“Creemos firmemente que toda persona cuando tiene acceso a formación, trabajo y oportunidades reales puede transformar su historia”, dijo.

“Desde la institución que representamos asumimos el compromiso de poner la industria, la innovación y el emprendimiento al servicio de la rehabilitación y la reinserción social construyendo juntos un modelo que genere impacto económico, cohesión social, pero sobre todo esperanza”, afirmó Herrera.

El Poder Judicial de República Dominicana premió a los ganadores de la fase nacional del XIX Concurso Internacional de Ensayos en torno al Código Iberoamericano de Ética Judicial, cuya temática fue “La Objeción de Conciencia y la Ética Judicial”. 

Este año obtuvo el primer lugar Jenny Rafaelina López Ortiz, por su trabajo “¿Puede un juez traicionar su conciencia y seguir siendo imparcial? (una reflexión sobre límites procesales, derechos fundamentales y la dimensión humana de la justicia contemporánea)”. 

El segundo y tercer lugar, respectivamente, recayeron sobre Brianda María Trujillo -Flórez Estrada con su ensayo “Conciencia, Deber e imparcialidad en el Sistema Judicial: una Revisión Ética y Jurídica del Ordenamiento Dominicano a Partir de los Casos Mitchell Nance y Luigi Tosti”; y William Ismael Lithgow Méndez, con su tema “Conciencia y Justicia”. 

Se destaca, que López Ortiz también ganó el primer lugar en la fase internacional del concurso, siendo el segundo año consecutivo que República Dominicana gana el primer lugar a nivel de Iberoamérica.  

En su ensayo, la ganadora del primer lugar plantea una reflexión profunda sobre si un juez puede traicionar su propia conciencia sin comprometer su imparcialidad judicial, partiendo de la premisa de que, en contextos procesales complejos, los jueces enfrentan tensiones entre normas legales y convicciones morales, y con ello, propone un equilibrio entre la ética personal y el deber jurídico, alineado con el Código Iberoamericano de Ética Judicial. 

El acto de premiación fue encabezado por la magistrada de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Pilar Jiménez Ortiz, representante del Poder Judicial dominicano ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial; el magistrado Justiniano Montero Montero, juez de la Primera Sala de la SCJ e integrante del Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial, y la doctora Gervasia Valenzuela Sosa, Coordinadora Nacional de República Dominicana ante a la Cumbre. Igualmente estuvieron presentes los magistrados en retiro Eglys Esmurdoc y Ramón Horacio González, en representación del Comité Evaluador de los ensayos concursantes. 

Los tres ganadores definieron la experiencia como muy enriquecedora a nivel del conocimiento jurídico internacional. 

En sus palabras de motivaciones, la magistrada Pilar Jiménez resaltó la calidad de los trabajos que se presentaron, al tiempo que felicitó a los ganadores y les exhortó a que sigan participando. 

Mientras, que el magistrado Justiniano destacó la dimensión alcanzada por el concurso, pudiendo abarcar la participación no solo interna, sino además externa, constituyéndose así en una nueva visión, apertura y entusiasmo para todos los sectores interesados en trabajar el tema de la ética judicial. 

Asimismo, la doctora Gervasia Valenzuela ponderó que la República Dominicana es un referente en Iberoamérica en el tema de la Etica Judicial, obteniendo en los dos últimos años el primer lugar en la fase internacional de este concurso organizado por la CIEJ con lo que se fortalece el Poder Judicial internacionalmente.    

Por último, Jenny Rafaelina López agradeció al Poder Judicial por permitirle participar en el concurso, siendo abogada externa, y poder aportar a la doctrina jurídica desde el tema de la ética, abogó para que se siga promoviendo este tipo de actividad con la participación de jóvenes, especialmente de las mujeres.      

El Concurso de Ensayos sobre Ética Judicial tiene como objetivo fundamental fomentar la ética en los espacios judiciales, contribuyendo a lograr la excelencia  en el servicio de administración de justicia, así como, fortalecer la confianza de la ciudadanía.

 

 SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Tras acoger la petición del Ministerio Público, un tribunal de María Trinidad Sánchez condenó a la pena máxima de 30 años de prisión a un hombre que mató a su expareja e incendió la vivienda de la víctima el pasado año en Bella Vista de Boba, en la carretera Nagua-Cabrera.

Tony Augusto Jiménez Faña fue condenado al establecer el órgano acusador que le ocasionó la muerte a causa de múltiples heridas de arma blanca a su expareja Elianny Ironelis Cruz.

El fiscal Víctor Manuel Moreno Peguero estuvo a cargo de la investigación y litigación de este proceso.

El hecho ocurrió la madrugada del 24 de septiembre de 2024. Previamente, la noche del 23 de septiembre, el ahora condenado se había presentado a la casa de su expareja, bajo los efectos del alcohol, advirtiéndole a la actual pareja de ella “que saliera del lugar, que cuando él regresara lo iba a matar”.

Ante la advertencia, el hombre pidió a su pareja que se fueran del lugar,  pero ella se mantuvo en la vivienda, mientras él se marchó.

Posteriormente, Jiménez Faña acudió de nuevo a la vivienda de su expareja, alrededor de la 1:00 de la madrugada del 24 de septiembre de 2024, armado con un colín, el cual había afilado momentos antes. Al llegar a la vivienda rompió el cristal de la persiana delantera, por lo que la víctima salió para tratar de convencerlo de que se retirara. Aunque ella intentó detenerlo, el victimario penetró a la fuerza al lugar y la hirió con el arma en diferentes partes del cuerpo.

Después, según indica el expediente, la mujer salió corriendo, pidiendo auxilio a los vecinos, refugiándose en la casa de una pareja cercana a su vivienda, siendo perseguida por el procesado, quien continuó atacándola.

La mujer falleció a causa de heridas punzopenetrantes múltiples por arma blanca en tórax anterior y posterior, ambos brazos y hombros, herida contusa cortante por arma blanca en cuello lateral izquierdo, según consta en un certificado médico legal.

Jiménez incendió la vivienda de su expareja, mientras la víctima yacía en el suelo de la casa de sus vecinos. Una vez las autoridades se enteraron de la ocurrencia del hecho se inició la persecución en contra del condenado, quien momentos después fue arrestado en una planta de gas de la ciudad de Nagua.

Los jueces del Tribunal Colegiado de María Trinidad Sánchez, Salma Bonilla Acosta (presidenta), Luz Mariel Santos y Argentina Tejada, dictaron la sentencia condenatoria por la violación de los artículos 295, 296, 297, 298 302 y 304 del Código Penal dominicano.

Jiménez Faña deberá cumplir la pena impuesta en la Fortaleza Olegario Tenares, en el municipio Nagua.

 

Comisión de Justicia analiza observaciones presentadas por la PGR

Santo Domingo, R.D. — Tras la introducción de la propuesta de reforma al Código Procesal Penal, presentado por el Senador Omar Fernández, la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República continuará este lunes a las 2 de la tarde sus sesiones de trabajo, para conocer las recomendaciones que hace la Procuraduría General de la República sobre dicho proyecto.

La iniciativa presentada por el senador de la capital –y que ha sido fusionada con algunas propuestas de otros legisladores– busca modernizar el sistema de justicia penal dominicano y responder a los retos actuales de la criminalidad.

Con el fin de armonizar el proyecto de reforma al ejercicio de justicia dominicano, la Comisión de Justicia del Senado consultó a varias instituciones y especialistas, incluyendo a la Procuraduría General de la República, cuyas observaciones serán conocidas en la sesión de trabajo de hoy.

Dentro de las principales propuestas de Fernández, se encuentran la modificación del procedimiento de los recursos para que la Corte de Apelación deba dar sentencia directa aun cuando anule el fallo de primer grado. Con esto se busca evitar que los procesos se alarguen innecesariamente, garantizando así el derecho a una justicia expedita y liberando a los tribunales de cargas excesivas de trabajo.

Igualmente, el Senador por la Fuerza del Pueblo, propone la creación de un procedimiento especial para las infracciones de acción pública a instancia privada, con el objetivo de que el conocimiento de las mismas vaya directamente a juicio, eliminando así la etapa preliminar con el fin de descongestionar los tribunales de instrucción.

Fernández explicó que su proyecto plantea ajustes sustanciales para hacer más eficiente la persecución penal, como el uso abusivo de la suspensión condicional del procedimiento, planteando una lista de delitos excluidos de esa posibilidad, como casos de corrupción, violencia intrafamiliar, narcotráfico, lavado de activos y delitos contra menores.

La iniciativa del senador de la Fuerza del Pueblo por el Distrito Nacional optimizaría los criterios de aplicación de prisión preventiva según el tipo de delito cometido, incluyendo además otras propuestas como el a⁠umento del plazo máximo de duración del proceso para los casos complejos de 4 a 5 años y el ajuste del CPP a las interpretaciones acordadas por varias sentencias del Tribunal Constitucional.

“El país necesita un Código Procesal Penal actualizado, que responda a las nuevas realidades del crimen y que garantice justicia sin privilegios. Este es un paso firme en esa dirección”, afirmó el senador del Distrito Nacional.

La sesión de trabajo de este lunes de la comisión de Justicia del Senado marcará la continuidad de los trabajos legislativos para una reforma integral del CPP, luego que el Tribunal Constitucional dispuso que, si no se repara el error de procedimiento en la aprobación del proyecto en 2015, se daría vigencia al antiguo CPP contenido en la ley 76-02.

Fernández reiteró su compromiso con impulsar reformas estructurales que fortalezcan el Estado de derecho y devuelvan la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Monte Plata. – El Tribunal Colegiado de la jurisdicción judicial de esta provincia se reservó para el próximo 22 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, la lectura del fallo sobre el asesinato del regidor Renato de Jesús Castillo, ocurrido hace 11 años, el 25 de junio de 2014.

Por este hecho fueron implicadas siete personas, de las cuales cuatro ya cumplen condenas de 30 y 20 años de prisión. Sin embargo, tres permanecen en libertad, entre ellos el exalcalde del municipio de Bayaguana, Nelson Osvaldo Sosa, mejor conocido como Opi, acusado de ser el presunto autor intelectual del crimen.

Durante la audiencia, la viuda del regidor, Raisa Acosta, pidió al tribunal imponer la pena máxima a los responsables, señalando que mientras los ejecutores materiales ya están condenados, falta que se haga justicia contra quien habría pagado y ordenado el asesinato de su esposo.

En las afueras de la Fiscalía, amigos y familiares del fenecido edil realizaron un piquete en reclamo de justicia y para exigir que este crimen, que estremeció a toda la provincia Monte Plata, no quede impune.

 

Monte Plata.-El Tribunal Colegiado de Monte Plata continuará este jueves a las 9:00 de la mañana, la audiencia final en un nuevo juicio que se le sigue al exalcalde de Bayaguana, Nelson Sosa Marte, por su supuesta participación como patrocinador y autor intelectual del asesinato del regidor y compañero del  Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Renato De Jesús Castillo Hernández.  

Raysa Julieta Acosta, viuda y madre de tres hijos procreados con el regidor asesinado,  mediante un video, dio gracias a los familiares y amigos, así como a la sociedad dominicana que la ha acompañado durante los más de 11 años que lleva el proceso judicial.

En ese sentido, precisó que este jueves 18 de septiembre a las 9:00 de la mañana, se estarán presentado las conclusiones en el Tribunal Colegiado de Monte Plata, al tiempo de que pedió unirse en una sola voz, para que sea condenado el autor intelectual del asesinato de su esposo el exregidor Renato Castillo Hernández  

Se recuerda que el pasado lunes 8 del presente mes, el juicio fue pospuesto por un apagón que afectó las instalaciones del Palacio de Justicia de dicha demarcación. 

La parte acusadora integrada por el Ministerio Público, querellantes y actores civiles, ya terminaron con la presentación e incorporación de todo su elenco probatorio, consistente en pruebas testimoniales, materiales, periciales documentales y audiovisuales. Asimismo,  la defensa de Nelson Sosa Marte terminó con la presentación de sus pruebas testimoniales.

Entre las pruebas a destacar, incorporada por el Ministerio Público se encuentra el revólver identificado como el arma homicida, marca Cocoa, el cual fue recuperado en la finca propiedad de Nelson Sosa Marte, donde el mismo tiene una fábrica de espuela plástica de gallo llamada "La Princesa”.    

En dicho  lugar,  vivía el empleado del exalcalde y subdirector de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Bayaguana, Rafael Eladio Olivo Javier, quien se encuentra cumpliendo una condena de 20 años de reclusión por su participación en el asesinato del regidor Renato Castillo.

Recordar que el 6 de abril del 2021, Sosa Marte fue declarado culpable junto a otros cinco implicados en el asesinato del regidor Renato Castillo, pero en ese mismo año,  la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo descargó al exalcalde, mientras que, mediante la misma sentencia le fue confirmada la condena a los demás imputados, cuya decisión generó controversia y críticas alusivas a que la misma tiene su origen en influencias ejercidas por padrinos por exalcalde de Bayaguana.

La cuestionada decisión que descargó a Nelson Sosa Marte, de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, fue revocada por la Suprema Corte de Justicia.

El regidor Renato De Jesús Castillo  Hernández fue asesinado el 25 de junio de 2014, mientras compartía con amigos en el municipio cabecera de Monte Plata.

 Haina, San Cristóbal, RD.- La Asociación de Metaleros de Haina y San Cristóbal, denunció los abusos de que han sido objeto por parte de algunos Fiscales y agentes de la Policía Nacional, a través de  allanamientos arbitrarios en busca de supuestos objetos sustraídos, según explicaron.

Los compradores de metales en Haina, aseguran que las acciones de alegados allanamientos, raya en atropellos innecesarios, tras asegurar que no compran objetos de procedencia dudosa.

José Rossi, miembro de la Asociación de Metaleros, denunció que han sido víctimas en reiteradas ocasiones de allanamientos ilegales y apresamientos abusivos, siendo muchos de ellos fichados con expedientes fabricados, lo que deploró está afectando la moral y vida de trabajo de cientos de hombres y mujeres serios que viven de esa labor.

De su lado, Emilio Montero y Santo Reynoso, explicaron que han sido detenidos varias veces sin que se le haya ocupado ninguna evidencia que lo comprometa judicialmente, ya que aseguran realizan un trabajo digno para llevar el sustento a sus familias.

Ante esta situación, el Coordinador para la región sur del  Comité Dominicano de los Derechos Humanos y abogado, doctor Carlos Sánchez, advirtió que recurrirán  legalmente contra estos atropellos, que ocurren a espalda de la Procuradora Fiscal Ramona Santana, quien aseguró actuar apegada a la Constitución y las leyes  por lo que demandó su intervención para frenar esa práctica que podría empañar su gestión. 

De su lado, el también activista de los Derechos Humanos, Jhonatan Báez, demandó la intervención de la Procuradora Genereal de la República, Yeni Berenice Reynoso, para que ponga fin a estas acciones y se actúe en consecuencia contra los responsables de cometer estas anomalías.

 Monte Plata.-El Movimiento Rebelde (MR), que preside Juan Hubieres, hizo un llamado a la sociedad dominicana, a los fines de que el asesinato del exregidor de Bayaguana, provincia Monte Plata, no quede impune y el actor intelectual y patrocinador sea condenado.

Mediante un comunicado de prensa, a propósito de que este lunes,  exalcalde de Bayaguana, Nelson Osvaldo Sosa Marte, alias "Opi”, se le podría dictar sentencia en el Tribunal Colegiado de Monte Plata, en un nuevo juicio que se le sigue por su supuesta participación como patrocinador y autor intelectual del asesinato del regidor y compañero del  Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Renato De Jesús Castillo Hernández.

El Movimiento Rebelde manifestó que ya basta de que los "trabajadores materiales" de los crímenes sicariales sean los únicos que sean condenados, mientras los que pagan para matar son peores y mucho más si la justicia les garantiza impunidad.

“ Los que pagan para asesinar lo seguirán haciendo con dinero o influencias políticas se les garantiza impunidad”, aseveró la organización política formada por Juan Hubieres.

Señaló que en el 2014, Renato Castillo Hernández fue la víctima de la corrupción, pero que, mañana puede ser cualquier persona civil o funcionario que también sea asesinada por RD$200, RD$300 y RD$400 mil pesos y hasta por menos: “Como diría don Quijote, ¡Hoy por ti, mañana por mi!”.

El MR acotó que quienes se hacen indiferentes, cómplices o traficantes de sentencias están creando las bases para que nuestra sociedad termine de podrirse y hundirse, donde el estado de derecho ya no tendrá ningún sentido y solo la barbarie inhumana será la regla.

La organización política recordó en la provincia Monte Plata, justamente en el municipio Bayaguana,  también asesinaron al Chato, por lo que afirmó que el Movimiento Rebelde siempre estará al lado de los ninguneados por el poder; de las viudas e hijos en desolación y  de los que claman justicia,  “aunque seamos la voz que clama en el desierto, no dará ni un paso atrás”.

El Movimiento Rebelde recordó que a esa  organización política le fueron asesinados ocho (8) miembros por una banda auspiciada y financiada desde la OMSA, así como de otras instancias superiores en 2015, y al igual que en el caso de Renato Castillo Hernández solo los criminales materiales fueron condenados.

Finalmente, la organización formada por Juan Hubieres ha asumido la defensa de centenares de casos criminales en favor de las víctimas y sus familiares, tanto en la provincia de Monte Plata como en el territorio nacional.